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Impuesto al patrimonio

La ley de financiamiento incluye una nueva versión del impuesto al patrimonio. Este nuevo impuesto fue creado por los años 2019, 2020 y 2021  a cargo de persona naturales residentes, personas naturales no residentes en relación con su patrimonio poseído en el país directa o indirectamente y las sociedad o entidades extranjeras que no sean declarantes de renta y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio.  El hecho generador es la posesión de patrimonio líquido (activos menos deudas) a 1 de enero de 2019 superior a 5.000 millones de pesos.

Dado que las sociedades extranjeras quedaron sujetas a esta nueva versión del impuesto, para efectos de validar las obligaciones, es importante verificar si la sociedad del grupo internacional al que pertenece posee bienes en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio, pues en la medida que así sea y estos bienes superen los 5.000 mil millones de pesos, aunque no sean declarantes en Colombia quedarían obligados a presentar declaración y liquidar el impuesto asociado.

Cambios en retención en la fuente por salarios

Uno de los cambios inmediatos con la reforma es el cambio de la tarifa de retención en la fuente por salarios. Surgiendo la duda, en el caso de procedimiento 2 que tabla de retención en la fuente aplicar, toda vez que este cálculo debe realizarse en diciembre, fecha en la cual no se encontraba aprobada la nueva tabla de retención. Sin embargo, la norma hace alusión que debe aplicarse la tabla vigente del año gravable en que se hará la retención, así:

Artículo 1.2.4.1.1 (Fuente original: Artículo 1° del Decreto 1809 de 1989). Porcentaje fijo de retención en la fuente. Para efectos de calcular el porcentaje fijo de retención en la fuente sobre salarios y demás pagos laborales, cuando el agente retenedor opte por el procedimiento 2 de retención establecido en el artículo 386 del Estatuto Tributario, se deberá aplicar la tabla correspondiente al año gravable en el cual debe efectuarse la retención.

 

Parágrafo: Para lo dispuesto en los incisos 2 y 3 de este artículo, se tomará el resultado obtenido y se divide por la Unidad de Valor Tributario UVT del correspondiente año del cálculo, determinando el valor del impuesto en Unidades de Valor Tributario UVT de conformidad con la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario.

 

De esta forma, la nueva tabla, que quedó como abajo señalamos debe tenerse en cuenta para el cálculo de retención en la fuente por el procedimiento 2.

 

Rangos en UVT Tarifa Marginal Retención en la fuente
Desde Hasta
>0 87 0% 0
>87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT) x 19%
>145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) x 28% + 11 UVT
>335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT) x 33% + 64 UVT
>640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35% + 165 UVT
>945 2300 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% + 272 UVT
>2300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% + 773 UVT

 

Normas relacionadas:

Actualización Registro Web para continuar en el Régimen Tributario Especial

La DIAN informa a las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL pertenecientes al Régimen Tributario Especial – RTE al 31 de diciembre de 2018 y las Entidades del Sector Cooperativo – ESCOOP que deben realizar el proceso de actualización del Registro Web para continuar en el Régimen Tributario Especial, de lo contrario, serán contribuyentes del Régimen Ordinario a partir del año gravable 2019.

Los plazos para realizar la actualización, atendiendo el último dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación son:

 

Si el último digito es Hasta el día
0 y 9 22 de marzo de 2019
8 y 9 26 de marzo de 2019
6 y 5 27 de marzo de 2019
4 y 3 28 de marzo de 2019
2 y 1 29 de marzo de 2019

 

Aspectos frente a acuerdos de accionistas en una S.A.S

La Superintendencia de Sociedades por medio del Oficio No. 220 – 000992 del 11 de enero de 2019, definió varios aspectos concernientes a los acuerdos de accionistas en una Sociedad por Acciones Simplificadas, en especial, aquellos que versen sobre el valor a pactar en futuras acciones puestas en circulación y, el mantenimiento de un porcentaje de participación a un accionista. A lo cual manifestó el ente de control que, en ejercicio de la voluntad privada, los accionistas pueden celebrar un acuerdo de accionistas sobre los mismos aspectos, siempre y cuando, dentro de lo pactado no se encuentre limitado “el derecho de preferencia” o su desconocimiento.

Vale resaltar que los acuerdos de accionistas son contratos que versan sobre la “compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito” de acuerdo con artículo 24 de la Ley 1258 de 2008. Los acuerdos de accionistas surtirán efectos ante la sociedad cuando estos hayan sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la misma. Además, de que su vigencia no puede ser superior a diez (10) años, prorrogables por diez (10) años más, siempre que exista unanimidad de los accionistas participantes del acuerdo.

Además, teniendo en cuenta que las situaciones en las que se puede hacer uso del acuerdo de accionistas, el artículo 24 de la Ley 1258 de 2008 permite a los accionistas de una sociedad por acciones amplificadas la facultad de pactar sobre “cualquier otro asunto licito” como es el caso del precio de futuras acciones que se pongan en circulación. Por lo anterior la Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio No. 220 – 000992 del 11 de enero de 2019, señalo lo siguiente:

“…aunque podría provenir de una reforma estatutaria, los accionistas en una sociedad por acciones simplificadas, pueden establecer mediante acuerdo de accionistas la forma como se determina el precio de las acciones que se colocaran en circulación...”

 

Por ello, los accionistas, mediante un acuerdo de accionistas, que reúna los porcentajes requeridos solicitados por los Estatutos, si pueden pactar el valor de las acciones de una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.) en las futuras emisiones de las mismas.

Por otra parte, ante la posibilidad de fijar y mantener un porcentaje determinado de participación social a un accionista, el cual se mantendrá incólume frente a los demás, la Superintendencia de Sociedades, con base en la cláusula general definida en el artículo 24 de la Ley 1258 de 2008, explica que, mediante acuerdo de accionistas se puede definir el porcentaje y su especial situación de invariabilidad. Lo anterior, indicando la Superintendencia de Sociedades que:

“Consecuente con el criterio de autonomía de la voluntad privada que prima en este nuevo tipo societario al dejar a la libre determinación de los asociados la adopción de la mayor parte de las reglas que habrán de regir la sociedad y las relaciones de los accionistas con ella, el acuerdo entre accionistas puede versar sobre diversidad de asuntos, con la limitación única de tratarse de asuntos lícitos”.

 

Por lo tanto, es viable reproducir lo anteriormente expuesto por medio de una clausula dentro del acuerdo de accionistas, la cual tenga por objeto que el accionista beneficiario en una posible capitalización pueda suscribir las acciones necesarias para mantener el porcentaje de participación pactado, esto guarda concordancia con lo dictado en el artículo 9° de la Ley 1258 de 2008, en donde se permite que: “La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas”.

En conclusión, los acuerdos societarios en una S.A.S. son una herramienta con la cual cuentan los accionistas para definir o establecer todo tipo de reglas referentes a las reuniones y administración de la sociedad, el ejercicio de derechos relacionados con ella, la enajenación de acciones, y en general, cualquier otro asunto, cuyo objeto sea de carácter licito.

Nuestras opiniones se basan en una razonable interpretación de las normas vigentes. Es posible que las autoridades de control no la compartan y se genere por ello una disparidad de criterios, sin embargo, consideramos que tiene soporte legal para ser debatida ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales.

 

Normas relacionadas:

Aporte de Créditos a sociedades

De acuerdo con el articulado del Código de Comercio, a partir de su Artículo 125 y siguientes, se establece que los aportes a una sociedad se pueden realizar de forma diferente a dinero, como en especie (bienes corporales o incorporales), aportes de crédito y obligaciones en general a cambio la emisión de acciones para el aportante. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades, a través de su oficio 220-000871 del 10 de enero del año 2019, señalo que a pesar de que exista la posibilidad de aportar un crédito como aporte a una sociedad, la ley exige que tal crédito debe ser exigible para el ente social dentro del año siguiente a la fecha del aporte, solo si, se trata de un aporte realizado a una sociedad, diferente a una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), puesto que si se llegara a tratar de esta última, el termino en cual deberá ser exigible el crédito será dentro de los dos (2) años siguientes a la realización del aporte, de acuerdo con las reglas de pago de cuotas o pago de capital.

De conformidad con lo expuesto, se hace necesario indicar que el Código de Comercio en su Artículo 129 determina que cuando el crédito no fuere pagado dentro del plazo señalado para los aportes del crédito, estos últimos deberán pagar el valor o su faltante dentro de los 30 días siguientes a su vencimiento, adicionando a ello los intereses corrientes del monto que no haya sido cancelado y los gastos de la cobranza respectiva si a ello hay lugar.


Nuestras opiniones se basan en una razonable interpretación de las normas vigentes. Es posible que las autoridades de control no la compartan y se genere por ello una disparidad de criterios, sin embargo, consideramos que tiene soporte legal para ser debatida ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales.

 

Normas relacionadas:

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