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Prevención del riesgo de lavado de activos en contexto del comercio exterior

abril 2019


Lavado de activos son todos aquellos actos para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito; también se frecuenta denominar como lavado de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales, entre otros. Se incurre en la conducta penal de lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.

El comercio exterior no es ajeno a este fenómeno, todo lo contrario, es un sector sensible al mismo, tal como han señalado la Organización Internacional del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a tal grado que sus operadores pueden verse involucrados de manera consciente o inconsciente.

Con este antecedente y atendiendo compromisos internacionales, la DIAN, mediante la Circular 170 de 2002, impartió instrucciones a sus vigilados destinadas a la prevención del delito de lavado de activos y de otras actividades ilícitas.

Posteriormente, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, con la Resolución 285 de 2007 impuso la obligación de reportar de manera directa a dicha Unidad a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores.

Por su parte, mediante la Circular Externa 304-000001 de febrero de 2014, la Superintendencia de Sociedades impartió instrucciones a las empresas vigiladas para que adopten un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

REGULACIÓN, REQUISITOS Y SANCIONES

La legislación aduanera del Decreto 2685 de 1999 dispone la obligación de reporte de operaciones sospechosas a la UIAF a los usuarios operadores de zonas francas y Agentes de Aduana, cuya desatención es sancionada como infracción aduanera.

Con la expedición del Decreto 390 de 2016, se adoptó una nueva regulación aduanera en Colombia, orientada hacia un cambio en la administración del riesgo y el establecimiento de obligaciones y sanciones comunes a todos los operadores del comercio exterior, dentro de las que se encuentra tener y aplicar un sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Se estableció dentro de los requisitos generales para la autorización o habilitación de los operadores de comercio exterior, la presentación de un cronograma de implementación de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, so pena de quedar sin efecto la resolución de autorización o habilitación, si en los tres (3) meses siguientes a su ejecutoria no se hubiere presentado el cronograma a la autoridad aduanera.

Por otra parte, entre las obligaciones generales de los operadores de comercio exterior se incluyó el cumplir con todos los mecanismos de prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos. La importancia de este aspecto se fundamenta en que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de cualquier operador de comercio exterior le generaría sanciones en materia aduanera, independientes de la responsabilidad penal.

 

TENGA EN CUENTA


De esta manera, no puede perderse de vista que, al margen de la vigencia como infracción aduanera sancionable en cuanto a la omisión en el cumplimiento de la obligación aduanera, el LA/FT es una conducta penal con penas privativas de la libertad, que además expone a la pérdida de la reputación de la empresa y personas e inclusión en listas restrictivas internacionales.

Razones más que suficientes para la adopción por parte de todos los operadores del comercio exterior de un sistema de prevención de LA/FT, a través de una metodología que inicia con la revisión de procedimientos y políticas de la empresa; el desarrollo de estándares de cumplimiento de debida diligencia exigidos para el sector de comercio exterior, hasta llegar a impactar la cultura organizacional de la misma.

 

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