El Decreto 223 de 2026 introduce uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años en materia de prácticas laborales, formación para el trabajo y mecanismos de vinculación de estudiantes al sector productivo.
Si bien el objetivo del Gobierno es fortalecer la transición entre el sistema educativo y el mercado laboral, el nuevo marco normativo implica nuevas responsabilidades de supervisión, cumplimiento y gestión del riesgo laboral para las empresas, especialmente en contextos donde la inspección del Ministerio del Trabajo ha aumentado de manera significativa.
Más allá de regular las prácticas académicas, el decreto redefine el rol de las empresas dentro del sistema de formación, posicionándolas como actores formativos responsables, lo que implica asumir deberes que antes no estaban claramente estructurados o que recaían principalmente en las instituciones educativas.
El riesgo de desnaturalización de la práctica laboral
Uno de los elementos más sensibles del Decreto 0223 es la delimitación estricta entre práctica formativa y relación laboral.
Este enfatiza que las prácticas deben tener un propósito formativo real, directamente relacionado con el programa académico del estudiante.
En consecuencia, cuando el estudiante desarrolla actividades que no guardan relación con su formación o cuando la empresa utiliza la práctica como un mecanismo de sustitución de mano de obra, se configura un riesgo claro de desnaturalización de la práctica.
En estos escenarios, el vínculo podría ser interpretado por autoridades administrativas o judiciales como una relación laboral encubierta, lo cual abriría la puerta a:
- Demandas laborales por contrato realidad.
- Reclamaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
- Sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo.
Este punto resulta particularmente relevante porque el decreto fortalece la idea de que la práctica laboral no puede convertirse en una modalidad de contratación encubierta, lo que obliga a las empresas a diseñar programas de práctica con contenidos formativos verificables.
Obligación de reporte de plazas en el Servicio Público de Empleo.
Otro cambio relevante, tiene que ver con la exigencia a las empresas de reportar las plazas de práctica laboral disponibles al Sistema de Información del Servicio Público de la Unidad Administrativa Especial de Empleo, al igual que las que hayan sido ocupadas.
Esto implica ajustes internos en:
- Procesos de reclutamiento,
- Coordinación con instituciones educativas,
- Sistemas internos de trazabilidad.
La omisión en el reporte puede generar contingencias en inspecciones.
Integración plena de los practicantes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Decreto 0223 también refuerza la obligación de integrar a los practicantes dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Aunque esta obligación ya existía en algunos escenarios, el decreto la consolida de manera expresa, estableciendo que los practicantes deben recibir:
- Inducción en seguridad y salud en el trabajo.
- Elementos de protección personal cuando la actividad lo requiera.
- Capacitación sobre riesgos laborales.
- Inclusión en la matriz de peligros de la empresa.
Adicionalmente, en caso de accidente laboral, la empresa deberá seguir los mismos protocolos de reporte e investigación que aplican para los trabajadores dependientes, lo que implica un mayor nivel de responsabilidad organizacional.
Un nuevo modelo de corresponsabilidad entre empresas e instituciones educativas
Más allá de las obligaciones formales, el Decreto 0223 refleja un cambio conceptual importante: la empresa deja de ser un simple receptor de estudiantes en práctica y pasa a ser un agente activo dentro del proceso formativo.
Esto se refleja en obligaciones como:
- Participar en la construcción del plan de práctica.
- Evaluar el desempeño del estudiante.
- Garantizar acompañamiento permanente.
- Designar tutores con experiencia en la actividad productiva.
En términos prácticos, esto implica que las empresas deberán estructurar programas de práctica más formales, con procesos internos de seguimiento y evaluación.
Conclusión: un cambio regulatorio que exige estrategia empresarial
El Decreto 0223 de 2026 marca un punto de inflexión en la forma en que se conciben las prácticas laborales en Colombia.
Para las empresas, este nuevo marco normativo no debe interpretarse únicamente como un conjunto de obligaciones adicionales, sino como un cambio estructural en la forma de gestionar el talento en etapas tempranas de formación.
La regulación introduce mayores estándares de control, trazabilidad y responsabilidad para las organizaciones que participan como escenarios de práctica, lo que exige revisar y fortalecer los procesos internos relacionados con la vinculación y seguimiento de estudiantes.
Las organizaciones que continúen manejando las prácticas de manera informal o sin controles adecuados enfrentarán mayores riesgos de contingencias laborales, sanciones administrativas y conflictos judiciales.
Por el contrario, aquellas que adopten un enfoque estratégico y estructuren adecuadamente sus programas de práctica podrán convertir este nuevo marco regulatorio en una oportunidad para fortalecer su cultura organizacional, identificar talento temprano y posicionarse como actores relevantes dentro del proceso formativo.
En un contexto donde las autoridades laborales están incrementando los controles y las empresas deben demostrar cada vez mayores niveles de cumplimiento, la gestión adecuada de las prácticas laborales se convierte en un elemento clave dentro de la estrategia de cumplimiento corporativo y gestión del talento.
El Decreto 223 de 2026 exige que las empresas revisen con mayor rigor la forma en que estructuran, documentan y supervisan sus prácticas laborales.
Si tu organización necesita evaluar riesgos, ajustar procesos y fortalecer su cumplimiento frente a este nuevo marco regulatorio, en Russell Bedford podemos acompañarte desde la perspectiva legal y preventiva para que conviertas esta obligación en una decisión estratégica.
