Los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 permiten a las empresas en Colombia acceder a una deducción especial en renta, exclusión de IVA, exención de aranceles y depreciación acelerada por inversiones en energías renovables y eficiencia energética, siempre que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con la certificación de la UPME.
En este artículo explicamos cómo funcionan estos cuatro incentivos, qué proyectos pueden acceder a ellos y cuáles son los requisitos y riesgos que las empresas deben considerar para aprovecharlos correctamente.
Piensa en una fábrica de textiles que instala 300 kWp de paneles solares en su techo para autoconsumo, con una inversión cercana a $1.200.000.000 un escenario que ya se repite en varias empresas del país y que sirve para entender la Ley 1715 de 2014, la norma que le permite a proyectos de energía solar, eólica, biomasa, geotermia o eficiencia energética descontar buena parte de esa inversión del impuesto de renta, dejar de pagar IVA y arancel en los equipos importados y depreciarlos más rápido de lo ordinario, siempre que cumplan los requisitos técnicos y cuenten con el certificado de la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME, encargada de avalar que el proyecto corresponde a las categorías que la ley protege.
Este conjunto de beneficios se amplió con la Ley 2099 de 2021, conocida como Ley de Transición Energética, y quedó reglamentado en el Decreto 895 de 2022, que sumó los equipos de eficiencia energética a la exclusión de IVA, incluyó el hidrógeno verde, azul y, más recientemente, blanco entre las fuentes elegibles, y aumentó el porcentaje máximo de depreciación acelerada, todo bajo la misma condición, que la UPME certifique el proyecto.
Más allá de estas cifras, el régimen busca reducir el costo inicial del proyecto, mejorar el flujo de caja de la empresa y anticipar el reconocimiento fiscal de sus activos, pero el beneficio no opera solo, ya que depende de que el proyecto esté bien estructurado desde el inicio, de que los bienes y servicios comprados o importados sean justamente los que la lista de la UPME reconoce y de que el certificado se tramite a tiempo, tres condiciones que, si fallan, pueden dejar a la fábrica de textiles del ejemplo pagando impuestos de más sobre una inversión que sí calificaba.
¿Qué proyectos e inversiones pueden acceder a estos beneficios?
Para acceder a estos beneficios, un proyecto debe pasar dos filtros. El primero es que se ajuste a alguna de las categorías que la ley reconoce, como energía solar, eólica, biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, geotermia, gestión eficiente de la energía, almacenamiento asociado o hidrógeno verde, azul o blanco, categoría en la que también entran los estudios, diseños, equipos, obras civiles y servicios ligados a ese tipo de proyecto.
El segundo filtro, que muchas empresas pasan por alto, es que cada bien o servicio que se quiera certificar debe aparecer, con su descripción exacta, en la lista vigente que publica la UPME, la misma que la fábrica de textiles del ejemplo tendría que revisar antes de comprar el primer panel.
Pueden acceder a estos incentivos, según su rol en el proyecto, las personas naturales que declaren renta, las personas jurídicas, los dueños del proyecto, quienes tengan la inversión certificada a su nombre, los importadores y hasta los usuarios finales que contratan el proyecto llave en mano, siempre que quede claro en el contrato quién es el titular del beneficio.
La financiación suele generar dudas, ya que si el proyecto se paga con un leasing financiero que termina en compra irrevocable, la deducción especial sigue siendo viable, mientras que si la operación es en realidad un lease-back o retroarriendo, la empresa no tiene derecho a esa deducción aunque el activo termine siendo suyo.
¿Cuáles son los cuatro beneficios y cómo funcionan?
La Ley 1715 reúne cuatro beneficios que pueden combinarse dentro de un mismo proyecto, siempre que cada uno se pida en su momento, con su soporte y bajo su propio control fiscal, porque un proyecto puede ser técnicamente renovable o eficiente y aun así perder los beneficios si no cuenta con el certificado UPME, si los bienes o servicios no están en la lista taxativa vigente o si la documentación tributaria, contable y aduanera no se conserva de forma adecuada.
Deducción especial en renta. Permite descontar del impuesto de renta el 50% del valor invertido en el proyecto, en cuotas repartidas hasta en 15 años desde el año siguiente a la entrada en operación, siempre con el certificado UPME como respaldo y sin superar, cada año, el 50% de la renta líquida antes de aplicar el beneficio.
Exclusión de IVA. Los bienes y servicios, nacionales o importados, que estén en la lista de la UPME y se destinen al proyecto no generan IVA, siempre que el certificado UPME ampare ese bien o servicio y que la factura o la declaración de importación coincidan con lo certificado.
Exención del gravamen arancelario. Permite no pagar arancel al importar maquinaria, equipos, materiales e insumos exclusivos del proyecto, siempre que el bien no se produzca en Colombia, con la subpartida arancelaria correcta y la licencia previa ante la VUCE.
Depreciación acelerada. Permite depreciar fiscalmente los activos a una tasa más alta que la ordinaria, hasta el 33,33% anual, llevando un control separado entre la depreciación contable y la fiscal, y avisando a la DIAN cuando cambie la tasa aplicada.
Que los cuatro beneficios sean compatibles no significa que se puedan mezclar en una sola cuenta. La exclusión de IVA y la exención arancelaria bajan el costo de comprar o importar el activo; la deducción especial reduce la renta líquida gravable y la depreciación acelerada adelanta el reconocimiento fiscal del gasto, de manera que certificados, facturas, declaraciones de importación, contabilidad y conciliación fiscal deben coincidir, ítem por ítem, para sustentar cada beneficio por separado.
¿Qué exige la UPME para expedir el certificado?
El certificado UPME es el requisito que comparten los cuatro incentivos, así que de forma adecuada y oportuna es, en la práctica, el paso que determina si el beneficio se puede aplicar. El trámite exige identificar el tipo de proyecto, crear un usuario en el aplicativo, preparar la información técnica, elaborar la lista de bienes y servicios, adjuntar fichas técnicas, ofertas o contratos, pagar la tarifa de evaluación y radicar la solicitud dentro de la ventana habilitada.
Esa ventana no está abierta todo el año, ya que, según la Resolución UPME 400 de 2026, la radicación solo puede hacerse entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre, y una solicitud fuera de ese periodo se entiende como no presentada. Una vez radicada, la UPME tiene 10 días hábiles para revisar que esté completa, y si algo falta, el solicitante cuenta con una sola oportunidad para subsanarlo dentro del término indicado.
En la evaluación técnica, los proyectos FNCE tienen un plazo máximo de 20 días hábiles desde que la solicitud queda completa, y los de gestión eficiente de la energía o hidrógeno, hasta 30 días hábiles. Si la UPME pide una aclaración adicional, el plazo se suspende hasta que la empresa responda.
En la práctica, antes de comprometer la inversión o de radicar la solicitud ante la UPME, conviene tener resueltos los siguientes puntos:
- Verificar antes de contratar o importar que cada bien o servicio esté incluido en la lista UPME vigente.
- Alinear la descripción técnica, la subpartida arancelaria, la factura, el contrato y el certificado.
- Conservar certificado UPME, soportes de inversión, facturas, contratos, fichas técnicas, declaraciones de importación, licencia previa y evidencia de operación del proyecto.
- Llevar un control separado de la deducción especial, la depreciación acelerada, el IVA excluido y el arancel no causado.
¿Cuáles son los riesgos más frecuentes?
Los errores más frecuentes casi nunca están en la naturaleza del proyecto, sino en la falta de coordinación entre las áreas técnica, financiera, tributaria, contable y de comercio exterior de la empresa, por ejemplo, cuando contabilidad aplica el beneficio antes de que el área técnica tenga listo el certificado UPME. Los riesgos que con mayor frecuencia hacen perder el beneficio son:
- Aplicar el beneficio antes de contar con el certificado UPME.
- Certificar bienes cuya descripción no coincide con la factura o con la subpartida arancelaria.
- Importar los equipos antes de obtener la licencia previa ante la VUCE.
- No llevar un control separado de los saldos pendientes de la deducción especial.
- Cambiar la tasa de depreciación acelerada sin informarlo a la DIAN.
- Cambiar la destinación de los bienes que fueron certificados.
- No conservar los soportes suficientes para una eventual fiscalización de la DIAN.
Tampoco es conveniente tratar los cuatro incentivos como un solo trámite, porque cada uno tiene su propio momento, su propia declaración y su propio soporte. En el caso de la fábrica de textiles, la exclusión de IVA se refleja en la factura o en la declaración de importación; la exención arancelaria depende de la licencia previa; la deducción especial se declara en el impuesto de renta y la depreciación acelerada exige conciliación fiscal y control de las diferencias temporarias.
Conclusiones
Los beneficios de la Ley 1715 de 2014 son una herramienta real para mejorar la viabilidad financiera de un proyecto de energía renovable, eficiencia energética o hidrógeno en Colombia, como lo muestra la fábrica de textiles del ejemplo, que con una inversión de $1.200.000.000 en paneles solares puede reducir el costo de los equipos, bajar su carga de renta y depreciar los activos de una forma más rápida que la usual, siempre que el proyecto se planee adecuada y oportunamente, porque una revisión tardía puede convertir un proyecto elegible en un beneficio cuestionado que la DIAN termine desconociendo.
Ese ahorro, sin embargo, depende de una planeación documental que empiece desde el diseño del proyecto y no en la etapa de la compra, importación o declaración de renta, de manera que la lista UPME, el certificado, los contratos, la clasificación arancelaria, la facturación y la contabilidad formen un solo expediente de soporte, coherente de principio a fin.
¿Tu empresa ya identificó si alguno de sus proyectos de energía calificaría para estos beneficios?
Aprovechar los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 requiere más que invertir en energías renovables: exige una planeación adecuada, el cumplimiento de los requisitos de certificación de la UPME y una correcta aplicación de los incentivos fiscales.
En Russell Bedford Colombia, nuestro equipo de Consultoría Tributaria te acompaña en la evaluación de estos beneficios, la revisión de sus requisitos y la identificación de riesgos que puedan afectar su aprovechamiento.
