Durante los últimos años, la comisión de delitos por operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita (mejor conocidos como lavado de dinero) y de financiamiento al terrorismo (adicionado después de los actos terroristas cometidos en Estados Unidos).
Han adquirido gran relevancia, motivo por el cual a nivel internacional se han desarrollado campañas globales para evitar y sancionar este tipo de conductas.
Actualmente existe un organismo internacional que lleva por nombre Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es establecer y perfeccionar una serie de recomendaciones (conocidas como las 40 recomendaciones de GAFI) para prevenir y detectar tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo, las cuales constituyen el estándar mínimo a nivel internacional con que deben cumplir todos los países miembros para prevenir y combatir dichos ilícitos.
Cabe resaltar que GAFI realiza evaluaciones mutuas (EM) a todos los países que son miembros de este organismo, las cuales consisten en llevar a cabo una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT).
En América Latina se conformó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica llamado (GAFILAT), creado con la finalidad de prevenir y combatir los delitos de LD/FT en esta región, dicho organismo está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sus miembros y representantes se han dado a la tarea de implementar medidas de prevención, regulación y supervisión con base en las recomendaciones del GAFI, en especial para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s), ya que éstas carecían de un régimen normativo en la materia.
El GAFI en su recomendación 22, emite una lista de aquellas APNFD´s que son aquellas actividades o profesiones que se consideran susceptibles de ser utilizadas para ingresar bienes de procedencia ilícita, las cuales son:
1. Casinos.
2. Agentes inmobiliarios.
3. Comerciantes de metales y piedras preciosas.
4. Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores (en la realización de ciertas operaciones).
5. Proveedores de servicios societarios y fideicomisos (únicamente en ciertas operaciones).
Cabe mencionar que este listado es enunciativo más no limitativo, ya que cada país de América Latina ha determinado dentro de sus regulaciones a aquellas actividades que pueden ser consideradas como de riesgo alto para la comisión de los delitos de LD/FT.
Una de las principales obligaciones a las que están sujetas estas APNFD´s, es dar cumplimiento a la recomendación 1 del GAFI, la cual contempla la implementación de una Metodología de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR), con la finalidad de poder identificar, medir y mitigar los riesgos de LD/FT a las que están expuestas, dicho EBR debe contemplar un análisis de las operaciones que se realizan tomando en cuenta, como mínimo, los siguientes cuatro puntos:
1. Productos y servicios que ofrecen.
2. Tipos de clientes.
3. Zona geográfica donde operan.
4. Transacciones o canales de envío o distribución de las operaciones que realizan sus clientes.
La adopción de un enfoque basado en riesgos de LD/FT en cualquier empresa (no solo en aquellas que realizan actividades vulnerables), es uno de los elementos esenciales que nos permite comprender el grado de riesgo, detectando las ventajas e inconvenientes en los distintos procesos del negocio y permitiendo a las empresas operar en un ambiente de mayor tranquilidad o estabilidad, por lo que las consecuencias de una posible vulnerabilidad o amenaza serán, sin duda, mucho menores si se ha llevado a cabo de forma correcta la implementación del EBR.
Finalmente, es indispensable que las empresas establezcan procesos preventivos y mitigantes de riesgos de LD/FT, entre los que destacan los señalados a continuación:
- Tener una asesoría especializada en la materia.
- Diseñar y ejecutar programas de capacitación.
- Reforzar el control interno.
- Implementar sistemas automatizados de alertas tempranas.
- Fortalecer las estructuras internas e implementar un esquema adecuado de gobierno corporativo.
El entorno global normativo que nos ha alcanzado, obliga a las empresas que realizan APNFD´s a implementar una metodología interna de EBR, el cual minimizará los riesgos de incumplimiento normativo, operacional, legal y reputacional, y evitará que sean utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por sus actuales y futuros clientes.
Sandra Romero
Gerente de PLD
Russell Bedford México
