No todos los pagos no salariales están sujetos al límite del 40% para calcular los aportes a seguridad social en Colombia. La Sentencia 30734 de 2026 del Consejo de Estado aclara cuáles deben incluirse en el ingreso base de cotización (IBC) y cuáles quedan excluidos por su naturaleza.
En este artículo explicamos qué cambia para los empleadores, cómo aplicar correctamente este criterio y qué deben revisar las empresas para evitar riesgos frente a la UGPP.
En un reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado, a través de su Sección Cuarta, mediante la sentencia del 20 de agosto de 2026 con radicación 05001-23-33-000-2018-01392-01, número interno 30734, precisó la forma en que debe aplicarse el límite del 40% de los pagos no salariales previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Esta decisión tiene implicaciones directas para los empleadores, pues redefine qué pagos deben tenerse en cuenta al calcular el ingreso base de cotización (IBC) de los aportes al Sistema de Seguridad Social y exige una revisión cuidadosa de la naturaleza real de los auxilios y beneficios que se reconocen a los trabajadores.
¿Cómo se entendía el límite del 40% antes de esta providencia?
El artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 dispone que, para determinar el IBC de los trabajadores particulares, los pagos laborales no constitutivos de salario no pueden superar el 40% del total de la remuneración. Si lo superan, el excedente debe incluirse en la base de cotización.
En sus procesos de fiscalización, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) venía aplicando esta norma de forma amplia. Sumaba todos los pagos que el empleador no reportaba como salario, sin importar su naturaleza, y llevaba al IBC todo lo que excediera el 40%.
Bajo este criterio, un auxilio de movilidad para visitar clientes, un pago ocasional por mera liberalidad o un beneficio pactado en el contrato como no salarial recibían el mismo tratamiento. Todos se contaban dentro del tope, lo que con frecuencia aumentaba el valor de los aportes determinados por la entidad y generaba, además, sanciones por inexactitud.
¿Qué cambia con la sentencia 30734?
Con esta decisión, el Consejo de Estado confirmó que no todo pago no salarial debe contarse dentro del límite del 40%. En el caso analizado, la UGPP había reconocido que las bonificaciones por restaurante, educación, recreación, movilidad y vivienda entregadas por la empresa no retribuían el servicio y no eran habituales. Aun así, las incluyó en el cálculo del tope y llevó el excedente al IBC.
La Sala, apoyándose en la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, concluyó que esa actuación fue indebida. Si un pago no constituye salario porque no retribuye el servicio prestado por el trabajador, no puede integrar el IBC ni estar sometido a límite legal alguno.
Según el Consejo de Estado, el legislador buscó frenar la desalarización, es decir, la práctica de pactar como no salariales pagos que en realidad remuneran el trabajo. Su propósito no fue gravar los medios que el trabajador necesita para desempeñar sus funciones ni los pagos ocasionales por mera liberalidad.
En consecuencia, a partir de esta providencia, los pagos se dividen en tres grupos:
- Salario: todo lo que retribuye directamente el servicio, cualquiera que sea su nombre. Cotiza en su totalidad.
- Pagos desalarizados por pacto: beneficios que las partes acuerdan expresamente excluir del salario. No cotizan hasta el 40%, y lo que exceda ese porcentaje sí cotiza.
- Pagos no salariales por su naturaleza: sumas ocasionales por mera liberalidad y medios para desempeñar las funciones, como auxilios de alimentación, movilidad, conectividad, entre otros. No cotizan y no se cuentan para el 40%.
¿Cómo se hace el cálculo?
Para entender el alcance de la decisión, veamos dos casos con cifras mensuales sencillas.
Ejemplo 1. Lo que cambia:
Un auxilio que es herramienta de trabajo:
Juan es asesor comercial y visita clientes diariamente. Gana un salario de $2.000.000 y recibe un auxilio de movilidad de $2.000.000 para cubrir esos desplazamientos. En total recibe $4.000.000.
- Antes (criterio de la UGPP): El 40% de $4.000.000 es $1.600.000. Como el auxilio ($2.000.000) supera ese tope en $400.000, la UGPP sumaba ese excedente al salario. El IBC quedaba en $2.400.000.
- Ahora (criterio de la sentencia): el auxilio no retribuye el trabajo de Juan, sino que le permite desplazarse para hacerlo. Por eso no se cuenta para el 40%. El IBC es solo su salario: $2.000.000.
Ejemplo 2. Lo que no cambia:
Un beneficio pactado como no salarial:
María gana un salario de $2.000.000 y recibe además un beneficio mensual de bienestar de $2.000.000, que en su contrato se pactó como no salarial. En total recibe $4.000.000.
En este caso, el límite sigue aplicando, porque se trata de un pago excluido del salario por acuerdo de las partes. El 40% de $4.000.000 es $1.600.000. El beneficio supera ese tope en $400.000, que deben cotizar. El IBC es $2.400.000, tanto antes como después de la sentencia.
La diferencia entre los dos casos no está en el valor ni en el nombre del pago, sino en su finalidad. El auxilio de Juan es un medio para trabajar. El beneficio de María es un pago que se excluyó del salario por voluntad de las partes, y a ese tipo de pagos es a los que la ley les impone el límite del 40%.
¿Basta con llamar «auxilio» a un pago o pactarlo como no salarial?
La respuesta es no. La sentencia no autoriza excluir del IBC cualquier pago que se denomine auxilio o bonificación. El artículo 53 de la Constitución Política consagra el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) define como salario todo lo que retribuye directamente el servicio, sin importar el nombre que se le dé.
En la práctica, esto significa que, si un pago remunera el trabajo y enriquece el patrimonio del trabajador, es salario, aunque el contrato diga lo contrario. En esos casos, el pago queda por fuera del beneficio de la sentencia y tampoco le aplica el límite del 40%, porque debe cotizar en su totalidad.
Ejemplo 3. Un auxilio que en realidad es salario:
Pedro trabaja desde su casa todos los días y gana un salario de $2.000.000. La empresa le paga cada mes un «auxilio de movilidad» de $1.000.000, pactado como no salarial, aunque Pedro nunca se desplaza por razones de trabajo.
En realidad, ese pago no cubre ningún desplazamiento; por lo tanto, es salario, y el IBC correcto es $3.000.000. Si el empleador cotiza solo sobre $2.000.000, se expone a que la UGPP determine la diferencia y le imponga una sanción por inexactitud. Además, el trabajador podría reclamar que ese valor se tenga en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales, vacaciones, aportes en pensión e indemnizaciones.
La misma lógica aplica a otros beneficios frecuentes:
- Un auxilio de vivienda es un medio de trabajo si compensa un traslado exigido por la empresa, pero es salario si se paga a toda la planta como complemento del sueldo.
- Un bono de alimentación es un beneficio si atiende la jornada o el lugar de trabajo, pero se acerca al salario si es un saldo de libre destinación que reemplaza parte del aumento salarial.
- Una bonificación por mera liberalidad deja de ser ocasional si se paga todos los meses o depende del cumplimiento de metas. En el caso analizado, la UGPP la aceptó como no salarial porque se pagó dos o tres veces en el año.
Un efecto que también afecta al Sistema de Seguridad Social.
Una lectura equivocada de esta sentencia no solo genera riesgos para el empleador. También perjudica al Sistema de Seguridad Social, que deja de recibir las cotizaciones correspondientes, y al propio trabajador.
Volvamos al caso de Pedro. Si el empleador cotiza sobre $2.000.000 en lugar de $3.000.000, deja de cotizar a pensión el 16% sobre $1.000.000, es decir, $160.000 al mes. En un año, son $1.920.000 que no ingresan al sistema por un solo trabajador. Si esta práctica se repite en toda la nómina, el impacto en el recaudo es considerable.
Para el trabajador, un IBC más bajo significa que su pensión se calculará sobre un ingreso menor al que realmente recibió. Lo mismo ocurre con las incapacidades, las licencias de maternidad y paternidad y las prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales, que se liquidan con base en lo cotizado.
Precisamente para evitar esta erosión de la base de cotización se expidió el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Por eso, la sentencia debe leerse en su justa medida, toda vez que corrige un exceso en la aplicación del límite, pero no habilita la desalarización de pagos que sí remuneran el trabajo.
Implicaciones prácticas para los empleadores.
El criterio adoptado por el Consejo de Estado implica que los empleadores deban replantear la forma en que clasifican y documentan los pagos que reconocen a sus trabajadores y verificar la finalidad real de cada uno de ellos.
En la práctica, esto exige realizar un inventario de los conceptos de nómina e identificar a cuál de los tres grupos pertenece cada uno. Para los auxilios, resulta indispensable conservar los soportes que demuestren para qué se entregan; esto puede ser a través de políticas internas, relación con el cargo, criterios de asignación y, cuando aplique, legalización del gasto. También es importante verificar la periodicidad de las bonificaciones, pues un pago mensual difícilmente puede defenderse como ocasional.
Adicionalmente, el cálculo del límite debe hacerse en dos pasos:
- Se excluyen los pagos no salariales por su naturaleza.
- Luego se aplica el 40% solo a los pagos desalarizados por pacto.
Las empresas que hoy enfrentan procesos de fiscalización deben revisar si la UGPP incluyó en el tope pagos que no retribuyen el servicio, pues esta providencia constituye un argumento sólido para su defensa.
La sentencia del Consejo de Estado devuelve el límite del 40% a su propósito original y exige a las empresas una gestión más cuidadosa y documentada de sus pagos no salariales. Identificar correctamente la naturaleza de cada auxilio y beneficio, y soportarla con pruebas, resulta clave para mitigar riesgos frente a la UGPP y frente a eventuales reclamaciones laborales.

La correcta clasificación de los pagos no salariales es fundamental para que las empresas apliquen adecuadamente el límite del 40%, calculen sus aportes a seguridad social y reduzcan riesgos frente a la UGPP.
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